Escucha, Cataluña. Escucha, España – Josep Borrell, Francesc de Carreras, Juan José López Burniol, Josep Piqué

          Cuatro voces cualificadas, de orígenes profesionales y políticos distintos y con trayectorias diversas, aportan en este libro su visión de la situación planteada en Cataluña, ofreciendo un catálogo de causas, haciendo un esfuerzo notable por sacar a la luz la verdad entre tanta mentira como circula y, en ocasiones, comprometiéndose con unas propuestas de solución que en tres casos pasan por una versión u otra del federalismo.

          Voy a realizar una breve referencia a lo que cada uno expone y cómo lo hace y, a continuación, citaré las conclusiones que en conjunto es fácil sacar sobre la postura más o menos común de todos ellos.

          Josep Borrell, con una capacidad expositiva brillante, analiza de forma crítica, siempre apoyado en datos de los que cita la fuente, cómo han ido las cosas desde la Constitución; lo hace de forma enfática y con una vehemencia que se contagia al lector. Aunque resulta muy llamativa la forma en que desmonta algunas de las mentiras en circulación, lo que más me ha interesado de su planteamiento, aunque ya lo conocía, ha sido la explicación de un concepto –el de nación- sometido a debate en todo el mundo desde que surgió, las diferencias entre nación y estado (una nación no presupone ni origina un estado aunque la historia sí nos dice que con cierta frecuencia los estados han originado naciones) y el repaso que hace de algunas cuestiones que permiten clarificar la postura oficial de su partido, o al menos la que consta por escrito, compleja pero lógica cuando uno lee las palabras de Borrell, e increíblemente mal explicada en los medios de comunicación por los responsables de hacerlo. Esa diferencia entre nación y estado en los términos en que la plantea Borrell es conveniente tenerla clara, porque esa  diferencia es aceptada tácitamente en buena parte de lo que luego cuentan los demás autores.

          Francesc de Carreras parte desde más atrás, desde el siglo XIX. Ofrece su visión desde una perspectiva liberal, esto es, desde la que asume que el papel esencial de todo gobierno, nacional o autonómico, debe limitarse a garantizar la libertad del individuo en todos los órdenes. Desde este punto de vista, el denominado «proceso de construcción nacional» (el conjunto de acciones en medios de comunicación, educación y cultura que a lo largo de la democracia han tendido a fomentar, desde la Generalitat, los elementos identitarios catalanes) merece un juicio aún más duro que el de Borrell. Su exposición es también muy clara y rica en datos de los que siempre se cita la fuente.

          López Burniol hace un análisis, también desde el siglo XIX, quizá menos metódico y algo más confuso, dando por hechas algunas cuestiones que seguramente harán dudar a quien no las tenga asumidas; pero incluso con todas esas dudas, al final, viendo el modo en que se han cumplido algunos de sus vaticinios (lo escribió en mayo) y ante lo catastrofista de alguno de sus miedos, el balance es más que interesante.

          Finalmente, Josep Piqué firma la intervención más corta y, también, la que menos fuentes documentales cita, porque se trata de un análisis más apegado a la actualidad de los últimos años aunque no renuncia tampoco a hablar de los orígenes del catalanismo político. De los cuatro es el que tiene una visión más condescendiente con el «proceso de construcción nacional» y el que en su propuesta de soluciones utiliza conceptos más difusos (como atribuir a Cataluña la condición de «sujeto político», creo recordar). En cualquier caso, su aportación es también muy interesante.

          Las conclusiones globales que es fácil sacar, cada una de las cuales suscitan el consenso si no de los cuatro autores si casi siempre de al menos tres, son:

         -Los cuatro están decididamente en contra de la independencia de Cataluña y, tanto o más, de saltarse un ordenamiento jurídico democrático para hacer valer, por la fuerza de los hechos, cualquier pretensión; comportamiento que sitúa inequívocamente fuera de la democracia a quien lo practica.

          -El término nación no es igual al del estado, y una nación no presupone un estado. El derecho de constituirse en estado (esto es, el derecho de autodeterminación, íntimamente vinculado a la idea de soberanía) solo es reconocido por el Derecho Internacional en casos que claramente no se dan en Cataluña.

          -El concepto de nación no ha sido aclarado por la literatura política desde el siglo XIX, no hay una definición de nación comúnmente aceptada, pero el realismo obliga a aceptar que el sentimiento de pertenencia a una nación es más emocional o sentimental que fruto que una determinada historia o de unas relaciones jurídico políticas concretas, lo cual no lo hace menos real y sí impermeable a argumentos históricos y jurídicos, lo que afecta directamente al modo de hacer política. Esto es, de dialogar y relacionarse en la búsqueda de soluciones a los problemas.

          -Que una comunidad no tenga derecho, según el Derecho Internacional e interior, a tener estado propio no significa que no pueda ser una nación, entendida esta teniendo en cuenta lo dicho antes. El término nación asusta a muchos por confundirlo con el de estado o con el de soberanía, pero cuando la Constitución habló de «nacionalidades y regiones» en su artículo 2 quería decir «nación» (en palabras de uno de sus padres, Peces Barba), y ese sentido ha sido mantenido y asumido en casi todos los ámbitos jurídico políticos, aunque el público haya permanecido ajeno a este hecho.

          -Todo nacionalismo tiene como última meta, consciente o inconsciente, tácita o expresa, la independencia. El denominado «proceso de construcción nacional» desarrollado desde los gobiernos de la Generalitat a través de su influencia en educación, medios de comunicación y cultura ha provocado una fractura social en Cataluña que (a la vista de los resultados electorales analizados por poblaciones y barrios en Barcelona capital) tiene una doble vertiente: económica y étnicolingüística. Ambas se superponen.

          -Ese «proceso de construcción nacional» ha tenido, entre otros, un muy concreto «éxito» para los nacionalistas: fuera de Cataluña la inmensa mayoría de los españoles equiparan «catalán» a «nacionalista», y apenas piensan en los catalanes no nacionalistas; ni se ponen en el lugar de estos ni, por tanto, los comprenden o apoyan; fuera de Cataluña, donde no tienen una influencia determinante porque no gobiernan, los catalanes no nacionalistas no existen. Por tanto, no se sienten tenidos en cuenta ni defendidos por quienes, en teoría, deberían hacerlo, lo cual ha tenido, y tiene, consecuencias tanto en la representatividad de los partidos nacionales en Cataluña como en la deriva de una parte de esta población hacia posiciones nacionalistas.

          -La visión de España y Cataluña que tiene el nacionalismo está obsoleta: no ha cambiado desde hace muchas décadas. Sin embargo, la estructura social –en lo económico y en lo etnolingüístico- ha cambiado radicalmente en Cataluña por la avalancha inmigratoria de mediado el siglo XX. Y tampoco España es la ya que era: durante mucho tiempo Cataluña fue la zona más avanzada, pero en las últimas décadas el desarrollo en el resto de España ha sido muy intenso y eso hace que las diferencias sean ya muy pocas y que algunas regiones hayan superado a Cataluña. Ni España ni Cataluña son en el siglo XXI lo que fueron en el XX ni mucho menos en el XIX. Son realidades no solo distintas a lo que fueron, sino incluso opuestas. Hay una visión viciada no solo de España hacia Cataluña por lo que he dicho en el punto anterior, sino también desde el nacionalismo catalán hacia España.

          -Junto a la fractura social apuntada, se hace también un duro análisis del papel de todos los Gobiernos estatales en la democracia, los cuales prácticamente no han comparecido, dejando en una situación de desamparo a esa parte de la sociedad que por unas razones u otras no se sentía vinculada al nacionalismo. De ahí que, al decir de los autores, haya actualmente dos tipos de nacionalistas y/o independentistas: aquellos que lo han sido desde siempre por convicción y aquellos otros, recuperables para la idea de España, que han cambiado su posición por sentirse agraviados o, al menos, desatendidos.

          -Esa atención (o reivindicación de su posición, papel, opinión y aspiraciones) pasa siempre por el respeto a los nacionalistas (a los que cabe exigir idéntico respeto), pues de otro modo no se facilita la convivencia que, al final, es de lo que se trata.

          -Al margen de las responsabilidades jurídicas que debe acarrear el incumplimiento flagrante de las leyes para quien lo comete, es obvio que se ha llegado a un punto de enfrentamiento social que obliga de forma urgente a buscar soluciones dialogadas, pues una solución donde media sociedad de imponga a la otra media nunca será tal.

          -El diálogo ya no puede ser ni informativo ni dialéctico, porque ya está todo dicho desde hace años, sino transaccional. Esto es: para que todo el mundo esté conforme nadie puede quedar plenamente satisfecho. Es preciso ceder.

          -También es preciso que quienes defienden la unidad de España formen y expliquen su discurso con respeto, inteligencia y, por encima de todo, constancia.

           -La opción más considerada es el avance a una España federal (tres de los autores se muestran partidarios), entendiendo por tal (esto no lo explican demasiado claramente) un reparto de competencias (que ya no puede ir mucho más allá del actual porque España ha superado con mucho la descentralización de otros países federales) donde todos los federados están en igualdad de condiciones (lo cual no gusta al nacionalismo), donde están claramente definidas las funciones del Estado (cosa que ahora no ocurre porque el «modelo autonómico» ha ido cambiando por la posibilidad de transferir competencias vía ley orgánica sin otros límites que los a veces ambiguos del art. 149 de la Constitución) y, sobre todo, implica una organización donde deberá existir algo fundamental y que ahora no existe: un mecanismo institucionalizado de planteamiento y resolución de propuestas y conflictos políticos (para los conflictos jurídicos está el Tribunal Constitucional); ese mecanismo normalmente implicará un cambio radical del Senado, para acercarlo al modelo alemán, lo cual exige reforma constitucional; y esto es así porque lo que ahora tenemos son mecanismos “alegales” por falta de regulación y, por tanto, ineficaces para imponer soluciones; a falta de él hay negociaciones bilaterales, Conferencia de Presidentes..., mecanismos que, por carecer de normas de resolución de conflictos, favorecen el mercadeo y el bloqueo estratégico.

          -No resultan admisibles las diferencias de financiación entre autonomías, la cual se mide en financiación per cápita corregida por ciertos factores demográficos. Las actuales diferencias (en las que Cataluña sale levemente perjudicada pero no más que otras comunidades autónomas) se deben a haber sido pactados los sistemas sobre variables políticas y no técnico económicas. Es preciso garantizar también el «principio de ordinalidad» (quien aporta no puede quedar, como consecuencia de dar, peor que el que recibe). En el correcto diseño de la financiación hay una interferencia notable: los sistemas navarro y vasco, que no solo recaudan todos sus impuestos sino que, además, por los servicios que el Estado presta allí están pagando menos de lo que cuestan (el cupo), siendo ambas, por tanto, las comunidades mejor tratadas con una diferencia abismal, y afectando a las posibilidades de reparto para el resto.

          -El ejercicio verdaderamente autónomo de las competencias propias exige autonomía financiera, lo que enlaza con lo anterior. Es preciso alcanzar esa autonomía financiera sin menoscabo del mercado único y, también, sin mengua de eficacia recaudatoria, pues de otro modo todas las comunidades estarían peor. No se apuntan fórmulas, salvo la Agencia Tributaria compartida que cita López Burniol, y parece que la cita solo para Cataluña porque una de las opciones que él considera es el «federalismo asimétrico», fórmula, la del federalismo asimétrico, muy parecida a una de las que considera posible Borrell aunque acaba decantándose por otra.

          -Por último, en opinión de los autores parece claro, también, que las competencias exclusivas sobre los elementos identitarios deben corresponder a Cataluña. Esto es, lengua, educación y cultura. Otra cosa, claro está, es cuál sea la acción de gobierno sobre estas materias y el juicio que merezca.

          En resumen, una apuesta por un diálogo complicado para tratar de salvar una situación que a llegado a un punto de fractura social, es decir, de enfrentamiento, con los enormes peligros que eso entraña.